Por Pedro Fdez.
Nos enfrentamos al desmantelamiento del estado social y a la irrupción cada vez mayor del sector privado con la complicidad de los actuales gobernantes. Tan es así que la práctica totalidad de los diferentes ámbitos socio-laboral, micro-económico, cultural, ecológico, histórico-territorial y de alternancia política les instan constantemente a que cambien unas políticas claramente privatizadoras y cuya facticidad es decretada irreal y artificiosamente al poner en entredicho su legitimidad dentro del ordenamiento jurídico preexistente y al ser concebida mediante el más recalcitrante de los autismos legislativos y el nulo consenso porque, lejos de solucionar los problemas que acucian a una sociedad exhausta, los aumentan y prolongan de manera insufrible e innecesaria. Todo ello, al parecer, les es instado a los actuales gobernantes y otros poderes establecidos con inusitado énfasis y perseverancia mediante abundantes expresiones, comentarios, opiniones, resoluciones, copiosas manifestaciones autorizadas y espontáneas, desobediencia civil e inacciones inconmensurables, así como huelgas legales tanto sectoriales como generales casi desde el mismo momento en que asumieron sus funciones ejecutivas y representativas, hace aproximadamente un año, para servir a todos los ciudadanos del país.
