Al parecer, quienes están imponiendo todas estas medidas, intentan desesperadamente confundir a la sociedad a base de emitir constantemente nuevas normas de rango inferior a las que conforman el Ordenamiento Jurídico en nuestro país y que, por tanto, son las que verdaderamente regulan las actividades afectadas en razón de la materia de que se trate, el territorio o la temporalidad. Desde mi punto de vista, se trata de una "huida hacia adelante" que se verá lentamente atajada por los órganos jurisdiccionales, nacionales e internacionales, competentes. Mientras tanto, habrán ido conseguiendo una parte sus verdaderos objetivos que no son otros que privatizar, en detrimento del interés público, las áreas de negocio, productos y servicios más rentables dejando a cargo del Estado todo aquello que, en términos meramente economicistas, no tenga una rentabiblidad asegurada a medio y largo plazo. Llevan haciéndolo desde la última década del pasado siglo XX y, ahora, estamos asistiendo al posicionamiento de aquellos grupos de presión que aún no lo habían conseguido o que no sabían -o no creían- que toda esta dinámica contra el interés público llegara a ser una realidad en nuestro país. Los partidos políticos mayoritarios se han ido relevando en la tarea de hacer que todo pareciera legítimo; hoy nos damos perfecta cuenta de que no puede ser legítimo aquello que no hace más que atentar contra el interés general. La tarea de los ciudadanos para la defensa del interes público consiste en deslegitimar a quienes sólo defienden intereses particulares; lo que significa posicionarse e ir haciendo cada día lo que cada quien, humanamente, vaya pudiendo hacer con serenidad, aplicando siempre el sentido común y no perdiendo la esperanza de que, un día, todo se arreglará para beneficio de una legítima y estabilizadora mayoría social.

Legislar como se está haciendo no es en mi opion serio y caerá, no tardando mucho, por su peso en unos casos; porque es inviable en otros y por las resoluciones de otros poderes independientes instados por una perentoria necesidad de Justicia Social.

En este caso concreto, llama la atención que ninguna personalidad legitimada para opinar de facto por su profesión, cargo o desempeño diga nada bueno de lo que se ha dado en calificar como 'chapuza ejecutiva'... puede que convenga avisarles de que quienes se ven impelidos a realizar semejantes tropelías socio-políticas les importa más bien poco quedar como seres asociales e inmorales; sólo les importa, ya lo han ido demostrando a lo largo de dos décadas, el aspecto económico y su personal interés barruntando que con el tiempo nadie se acordará del escarnio popular y que podrán seguir pisando con su insensible bota a quienes, a duras penas, consiguen sobrevivir.

Saludos, aunque tristes, también cordiales,

Pedro Fernández
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