El pasado día 26 de junio asistí al evento "Iniciativas Open Data en España", atraído sin duda, por los grandes espadas en la materia que son Alberto Abella, Roberto Santos y Victoria Anderica, que además del reconocido prestigio que tienen, llevan años trabajando para que este país sea algo mejor. Como cabía esperar, no me defraudaron en sus intervenciones, que fueron tan correctas como acertadas. Como contrapartida, y diré el pecado, pero no el pecador, tuve que oír de boca de "expertos" en la materia, estas dos afirmaciones, que me preocuparon y mucho, puesto que pueden afectar muy negativamente a la Ley de Transparencia y su desarrollo posterior:

a) Si licenciamos los datos públicos con licencias libres, tenemos el problema de las empresas no pueden hacer negocio con ellos.

b) No se pueden liberar los fondos no sujetos a derechos de autor de bibliotecas y de pinacotecas ya que son entidades culturales y las administraciones públicas tienen que poder cobrar por los datos.

La primera afirmación me cogió por sorpresa, no podía creer que tras años de intenso debate sobre el uso de licencias libres en la Administración, siguiéramos con este nivel de desconocimiento en la materia en un evento de este nivel. Basta con preocuparse un poco y leer algún texto de Richard Stallman o del proyecto GNU, para ver que eso no es así. Pero es más, la simple realidad del mercado del Software Libre, nos debería llevar a pensar que las licencias libres permiten hacer negocio con los contenidos que han sido liberados con licencias libres, que se lo pregunten a Red Hat, por ejemplo. Evidentemente, libre no es lo mismo que gratis y ¿cuántas veces hemos oído esta afirmación?.

La segunda afirmación, más sutil, demostraba el desconocimiento de algunos de los asistentes al evento de las leyes aplicables en España al respecto, que por cierto, algunas llevan años sin cumplirse, algo de lo que me he quejado en varias ocasiones y al parecer, sin mucho éxito, ni en la deseada liberación de la información pública, ni en la divulgación del grave problema que ello supone para la difusión de la cultura. Pero también demostraba, que los presentes no eran conscientes de que esa información no era de la Administración, que solamente la administra y que dicha información pertenece por derecho a la ciudadanía, por lo que no procede cobrar por ella.

Esto no es la primera vez que me pasa algo parecido en un evento de este tipo y ciertamente, me siento como Bill Murray en la película "Atrapado en el tiempo", cuando suena el despertador y el atribulado protagonista, oye una y otra vez la canción "I've got you babe" de Sonny & Cher. De hecho, hasta puedo oír la canción de fondo, cuando me pasan estas cosas y eso ayuda a no acabar tan desmoralizado como perplejo, puesto que es increíble que ocurran estas cosas en la era del conocimiento. Lo malo es que por más que lo intento, por más que intento explicar las cosas, siempre me encuentro a alguien que no se ha enterado del tema y no precisamente en la barra de un bar.

Pero al margen del disgusto y del bucle espacio-temporal al que me vi sometido, el evento también me sirvió para conocer a otras personas tan interesantes, como Soraya Paniagua o Iván Sánchez, participante en el foro y miembro de la OpenStreetMap Foundation y que dijo cosas muy sensatas y qque es el responsable último del título de este artículo.

Iván comentó que los datos públicos están cubiertos por dos capas de seguridad, la primera es la de la Ley de Secretos Oficiales y la segunda, la Ley Orgánica de Protección de Datos y ahora, queremos añadir otra capa, que se llama Ley de Transparencia y que con tanta capa, acabaremos teniendo una cebolla que acabará haciendo llorar a la ciudadanía ya que la Ley de Transparencia, lejos de facilitar la publicación de unos datos que pertenecen a la ciudadanía y que deberían estar publicados por defecto, lo que puede hacer, es dificultar la liberación de la información. No en vano, España se rige por el derecho romano y aquí está permitido, o debería estarlo, todo lo que no está prohibido y si queremos poder ejercer plenamente nuestros derechos constitucionales, es evidente que necesitamos estar informados y bien informados.

Este argumento de Iván es tan interesante como cierto. Los datos públicos, son públicos por definición y las administraciones públicas solamente los administran y las únicas limitaciones existentes a la liberación de la información pública, a la que tenemos un derecho constitucional según lo que reza el Artículo 20 de la Carta Magna, son únicamente; la Ley de Secretos Oficiales y la Ley de Protección de Datos. Por lo que todo lo que no sea un secreto oficial, o un dato personal, debería estar a disposición de la ciudadanía sin trabas ni limitaciones de ninguna clase. Claro que para algunas administraciones públicas ha sido y es mucho más cómodo, no darse por enteradas de esta obligación de transparencia.

La misma Ley de Secretos Oficiales, lo dice claramente en su preámbulo, la publicidad ha de ser la característica de la actuación de los Órganos del Estado y la Ley de Secretos Oficiales solamente pone límites a lo que debería ser una norma general, es decir, la liberación sin trabas de datos e información pública:

"Es principio general, aun cuando no esté expresamente declarado en nuestras Leyes Fundamentales, la publicidad de la actividad de los Órganos del Estado, porque las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de todos."

"Mas si la publicidad ha de ser característica de la actuación de los Órganos del Estado, es innegable la necesidad de imponer limitaciones, cuando precisamente de esa publicidad puede derivarse perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad nacional."

Pues si esto es así, ¿cuál es el motivo por el que los datos públicos no fluyen hacia la ciudadanía con la libertad que debieran?. Yo solamente encuentro dos motivos, la falta de cultura democrática, o lo que es peor, del dolo, a la hora de facilitar los evidentes casos corrupción. Sin duda, con independencia de los motivos, la situación actual nos está llevando a una evidente crisis de valores democráticos y de paso, a una crisis económica.

Desde mi punto de vista y aunque parezca un poco radical, no deja de ser lo más lógico visto lo visto, la Ley de Transparencia solamente debería tener dos artículos; uno que diga que todo lo que no sea secreto oficial o dato personal, debe ser publicado obligatoriamente y otro que diga, que el que no lo haga así, será sancionado conforme al reglamento sancionador que se desarrollará posteriormente. Reglamento que debería ser lo suficientemente duro, como para estimular el desarrollo de nuevas cualidades democráticas en nuestros políticos y administraciones públicas. No es de recibo, que se pida información de interés general para los ciudadanos y que no se obtenga respuesta. o que se tengan que poner en marcha iniciativas, como la de "Tu derecho a Saber", mediante la que los ciudadanos pueden hacer consultas a las administraciones públicas, como esta del ejemplo, en la que se pide información sobre un asesor en un ayuntamiento, en un intento de obtener transparencia, mediante la transparencia de las consultas y las respuestas, a la evidente falta de transparencia de algunas Administraciones Públicas. Como se puede ver, la única forma de obtener transparencia es con más transparencia.

Investigando más sobre estos interesantes argumentos de Iván, he encontrado esta excelente y lúcida conferencia de Borja Adsuara [VÍDEO], actual Director General de Red.es, en un evento organizada por la Escuela de Organización Industrial y titulado "Gobierno Abierto Reto y Oportunidad". Conferencia, en la que Borja dice verdades como puños, que deberían tenerse muy en cuenta en la Ley de Transparencia. Lo más curioso, es que estos argumentos, además de tener una sólida base legal, no en vano Borja es profesor de Derecho de la Información, coinciden prácticamente con todo lo que hemos dicho hasta el momento y con la tesis inicial de Iván.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, sería deseable que en la Ley de Transparencia se tuviera presente lo siguiente:

a) El derecho a la información es un derecho constitucional (Art. 20 de la CE)

b) Si no se cumple este derecho, es imposible ejercer plenamente otros derechos constitucionales. (Art. 23 de la CE)

c) Los datos son de la ciudadanía, la Administración solamente los administra.

d) En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación y deberán respetar en su actuación, los principios de buena fe y de confianza legítima.(Ley 30/92)

e) Tiene que ser pública y estar disponible sin ninguna restricción, toda la información de las administraciones públicas, que no esté protegida por la Ley de Secretos Oficiales o por la Ley de Protección de datos.

f) El silencio administrativo no tiene cabida en una Ley de Transparencia, puesto las administraciones públicas basan su funcionamiento en la transparencia y en la participación y los datos pertenecen a la ciudadanía y la Administración solamente los administra. En la era del conocimiento, con Internet y las redes sociales, no hay excusa para que haya datos que no se publiquen.

g) Los altos cargos de la Administración y los funcionarios tienen que tomar conciencia de que las Administraciones Públicas, se llaman así por el deber de dar publicidad a todo lo que hacen, por lo que la publicidad ha de ser su norma general, salvo en el caso de los datos que han de custodiar.

h) Si no hay transparencia, alguien en las administraciones públicas, puede tener tentaciones para hacer lo que no debe y caer en la corrupción, por lo que la transparencia es una exigencia ética de cualquier administración moderna.

i) Dado que los datos son de la ciudadanía, las administraciones públicas no deben poner trabas a la reutilización de los datos, puesto que no es la dueña de los mismos.

Y como dice Borja en su conferencia, "sería interesante que se dijeran las cosas de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, es necesario tener la mente abierta, para que todo el mundo colabore y que las ideas con sus propios argumentos se defiendan y que le den la razón al que demuestra que la tiene y que salgan las ideas por su propio peso y no por el que las dice y mucho menos, por ser un alto cargo de la Administración."

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