El 25 de septiembre se acaba el primer plazo para entregas de enmiendas al Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Una vez recopiladas las enmiendas, se iniciará un debate en la Comisión Constitucional, salvo que algún partido político presente una enmienda a la totalidad, que sería lo más razonable por lo que explicaré a continuación, en cuyo caso pasaría a debatirse en el Pleno del Congreso. Una vez realizados todos estos trámites, pasará al Senado para su aprobación final, lo que es posible que ocurra en el mes de noviembre.

Antes he dicho que lo más razonable sería que algún partido político presentase una enmienda a la totalidad y eso se debe principalmente a los siguientes motivos:

a) Esta ley es fundamental para mejorar y avanzar en la democracia española. Como bien señala Enrique Dans nos jugamos mucho con la Ley de Transparencia y no se puede participar en un sistema democrático, con plenos derechos, sin una información que te permita tomar las decisiones más adecuadas. Como dice José Luis Martí, profesor de Filosofía del Derecho de la UPF y destaca Enrique Dans en su artículo, “toda dominación social está basada en la gestión de la asimetría de la información“, ".

b) El texto actual no reconoce el acceso a la información pública como un derecho fundamental de los ciudadanos, ni como algo necesario para poder cumplir con plenas garantías con su otros derechos fundamentales contemplados en la Constitución Española. La vinculación del texto al artículo 105 de la Constitución, en lugar de al 20, es algo que no acaba de gustar a la ciudadanía, a los expertos convocados, ni a la OSCE, entre otros.

c) La redacción actual tampoco incluye las recomendaciones de los expertos convocados por el Gobierno y lo que es peor, ni la recomendaciones contenidas en las más de 3.700 aportaciones que hizo la ciudadanía durante el periodo de consulta pública de dicha Ley. Aunque el Gobierno se negó a hacer público el contenido las aportaciones, el Ministerio de la Presidencia elaboró un resumen que solamente ha estado disponible para los Diputados. Dicho informe, junto con otro elaborado por la Agencia de Protección de Datos en relación al mismo proyecto de ley, han sido publicados recientemente en el Blog Zona Crítica de elDiario.es. Del análisis del informe del Ministerio de la Presidencia, se desprende que el Ejecutivo no hizo caso a las principales sugerencias ciudadanas y del de la Agencia de Protección de datos, que la gran batalla entre la Administración y la ciudadanía, si no se modifica el texto de la ley adecuadamente, será el choque entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos. Algo de lo que también hemos hablado. De hecho, redacción actual puede ser peor que no tener una ley de transparencia. Aquí un dato curioso, si se aprobase el texto tal como está redactado actualmente, la ciudadanía seguiría sin tener acceso a los dos informes anteriores, que de hecho, habían sido solicitados oficialmente al Gobierno por la Coalición Pro-Acceso y como plena justificación de todo lo dicho anteriormente, denegados alegando problemas de Protección de Datos.

d) Finalmente, el proyecto contiene un "apéndice" dedicado al "Buen Gobierno" que difícilmente casa con el contenido de una ley de transparencia y acceso a la información y que lo único que hace, es complicar las cosas todavía más.

No me cabe la menor duda de que el proyecto de ley defrauda a la ciudadanía y eso es compartido incluso la OSCE, que dice que los cambios introducidos no son suficientes [PDF].

Creo que todos tenemos el derecho y el deber democrático de pedir una mejor de transparencia y acceso a la información pública, lo que podemos hacer dirigiendo nuestras peticiones los partidos con representación parlamentaria, o si no se produce una enmienda a la totalidad, a la Comisión Constitucional. Tenemos de plazo hasta el 25 de septiembre para lograrlo.

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